Poco antes de la navidad, el periódico nos decía que el corporativismo de los vocales del Consejo General del Poder Judical había salvado al juez Tirado, conocido por no ejecutar la sentencia contra el señor que mató a Mari Luz Cortés, de una sanción más grave que los 1.500 euros que tendrá que pagar. La sensación de actuación un tanto “mafiosa” que nos pudiera dar esta noticia quedaba, sin embargo, contrarrestada por otra que los diarios publicaban el mismo día: la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenaba a 2 años y 3 meses de inhabilitación especial, a una indemnización de 6.000 euros y a todas las costas del juicio a Fernando Ferrín Calamita, juez que puso todo de su parte para, según dice la sentencia, retardar la adopción de una niña por parte de la esposa de su madre biológica.
Seguro que todos recordamos el caso de este singular juez de familia que, ya en los comienzos de su carrera, ordenó detener a dos señoras que se bañaban en “top-less” en una playa gaditana. Cuando se encontró con una pareja formada por dos mujeres que deseaban que una de ellas adoptase a la hija biológica de la otra, sus cimientos morales se vieron sacudidos de tal manera que decidió obviar el elementalísimo principio que vincula a los jueces únicamente a la ley. Quitándose la toga y olvidando lo que las leyes civiles disponen, comenzó a marear a las dos señoras: que si necesitan abogado, que si ahora pido un informe innecesario…llegó a nombrar un defensor judicial para la niña. El defensor judicial se nombra para los menores e incapaces cuando se entiende que en un juicio tienen intereses contrapuestos a los de sus padres. En tal caso, la representación en juicio del menor se otorga a un defensor judicial imparcial, que actuará por los intereses del menor y no por los suyos propios. Así pues, el juez Ferrín estaba implicando en este caso que la menor no tenía interés en ser adoptada por la pareja de su madre (con la que, por otra parte, ya convivía felizmente desde hacía un tiempo, como afirmaron psicólogas y trabajadoras sociales). El pobre juez no se daba cuenta de que una niña tan pequeña no podía todavía tener contra el lesbianismo los mismos prejuicios que él. También trató de elevar una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que reconoció el matrimonio homosexual.
Las expresiones depositadas en sus autos también son conocidas por todos, y algunas las reiteró en el juicio. Consideraba un gran riesgo que la hija se pudiera volver lesbiana al vivir en un ambiente sin referentes masculinos heterosexuales y, en fin dejaba que sus prejuicios sobre el asunto predominasen sobre la ley.
Ante estos atropellos de sus derechos a la igualdad y a la seguridad jurídica, del principio de interdicción de la arbitrariedad, y ante esta falta a su dignidad, la pareja de mujeres ha dado un ejemplo democrático: ha peleado por sus derechos y por los principios fundamentales de la democracia con las armas que el sistema les da. No se amedrentaron y denunciaron al juez; y ahora, sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia lo han condenado al constatar cómo usó sus prerrogativas de juez de manera torticera y movido por una evidente “compulsión homofóbica” (sic). Los jueces nos han recordado a todos, y en especial a todos aquéllos que ejercen alguna clase de poder o jurisdicción, que existen unos límites que garantizan la democracia y que no se puede ir más allá de ellos; y las ciudadanas nos han recordado que tenemos que conocer nuestros derechos y luchar por ellos. El juicio no lo han ganado sólo ellas, ni tampoco solamente las personas que no sufrirán la arbitrariedad del juez Ferrín. Lo hemos ganado todos como sociedad democrática.
Bravo por ellas.
(Arriba en la foto: Vanesa de las Heras a la izquierda y Susana Meseguer a la derecha, madre de la niña)
